El impacto de la cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud

cancelación de las normas mexicanas en materia de salud

Escrito por Carolina López

carolina@zarateabogados.com

junio 7, 2023

El pasado 01 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, lo cual ha generado impacto en nuestra comunidad, provocando una amplia variedad de opiniones y preocupaciones. 

En dicha publicación, se estableció que el propósito de este Programa era alinear las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Estándares a las prioridades y objetivos fundamentales de la Administración Pública Federal, además de las que podrían tener incidencia en los rubros de nuevas inversiones, competitividad y competencia. 

Las Normas Oficiales Mexicanas deben ser revisadas cada cinco años desde su entrada en vigor y las autoridades competentes deben decidir sobre su modificación, cancelación o ratificación. 

De la reciente revisión llevada a cabo, indicaron que de los temas contenidos en el Programa, lograron simplificar en el Suplemento 82 propuestas a trabajar y 65 a cancelar en el presente año. 

Lo anterior ha ocasionado controversia debido a la cancelación de más de 30 Normas Oficiales Mexicanas que están relacionadas con el tema de la salud y la asistencia social y que justamente fueron creadas para garantizar el derecho a la salud. 

Es relevante mencionar que las NOM tienen como finalidad establecer las características o requisitos mínimos de información, seguridad y calidad que deben reunir los procesos, productos o servicios cuando éstos pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas, dañar la salud humana o el medio ambiente, así como aquellas que refieran a su cumplimiento y aplicación. 

Las aludidas normas oficiales que eventualmente cancelarán según lo publicado en el DOF, prevenían y atendían enfermedades como el cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, osteoporosis, sobrepeso y obesidad, enfermedades de transmisión sexual, atención a la diabetes, el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, entre otras. 

De manera evidente, existe una discusión respecto a estas decisiones; por un lado, el Gobierno Federal señala que su intención es proteger los intereses de la sociedad y que no es necesario tener normas oficiales para regular la prescripción, el diagnóstico, la detección, el tratamiento y la atención de  las enfermedades, sin embargo, la oposición considera que la cancelación de las NOM atenta contra el derecho a la protección de la salud de las personas y que lo correcto debe ser actualizarlas para mejorar la atención médica. 

Prescindiendo del análisis de las diversas posturas que se originan a partir del tema en cuestión, resulta innegable la responsabilidad que deben asumir las autoridades en el ámbito de la salud. De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás normativas aplicables, las autoridades tienen la obligación de fundamentar y motivar sus actos, brindando una clara justificación clara de los mismos. En consecuencia, es imperativo que respeten los principios de certeza y seguridad jurídica, y garanticen la protección de los derechos fundamentales de la sociedad.

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