El pasado 16 de julio del 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita así como el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. 

Dicha reforma atiende compromisos internacionales, recomendaciones de diversos organismos globales en la materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; lo cual se presenta un momento decisivo y crucial para el gobierno mexicano y sus relaciones internacionales.

Aspectos relevantes de la reforma: 

• El beneficiario controlador: Se introduce esta figura definiéndose como toda persona física de manera directa o indirecta que controle y/o se beneficie de operaciones de empresas, asociaciones o fideicomisos debe ser identificada y reportada, aunque no sea un cliente directo. 

• Sujetos obligados: Personas que realicen actividades como por ejemplo notarios, inmobiliarias, agentes aduanales, asociaciones, fintech y más deberán reforzar su identificación en relaciones de cliente-beneficiario para implementar políticas internas en contra de los riesgos posibles y capacitar a su encargado de cumplimiento para así realizar las auditorías correspondientes. 

• Reportes y umbrales: Se actualizan los montos y actividades que requieran de avisos a la autoridad abarcando operaciones en los bienes raíces, arte, vehículos, activos virtuales y otros. Asimismo, los avisos y registros deberán realizarse en plataformas electrónicas oficiales. 

• Restricciones en los montos en efectivo: La prohibición de liquidar operaciones relevantes en efectivo para así evitar el riesgo de lavado.

• Aumento en sanciones: Se elevan las multas relativas en UMAS y también incluyen las revocaciones de autorizaciones, sancionando a las personas e instituciones que incurran en ello. 

Ante dichos aspectos a considerar, con este cambio buscan no solamente cerrar o detectar los espacios de operación de la delincuencia organizada, sino también fomentar una cultura basada en la transparencia, rendición de cuentas en negocios así como la vida institucional de las personas en el país. Las personas que suelen ser partícipes dentro de estas actividades o sectores que se encuentran laborando en ello deberán actuar con responsabilidad y ética para poder garantizar su seguridad jurídica de sus operaciones para así contribuir de manera activa al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

En Zárate Abogados, somos los ideales de garantizar asesorías profesionales y especializadas para poder realizar diagnósticos jurídicos, capacitaciones y revisión de políticas internas conforme a la nueva normatividad.