Evolución del Arrendamiento en Nuevo León: 2025-2026

El marco legal del arrendamiento en Nuevo León ha experimentado un cambio significativo entre el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en septiembre de 2025 y la propuesta de reforma recientemente aprobada por el Congreso Local del Estado de Nuevo León en febrero de 2026. A continuación se identifican las principales diferencias entre el decreto y la propuesta de reforma aprobada:

1) El decreto de septiembre de 2025 introdujo protecciones estrictas para el arrendatario, tales como:

• Un límite al depósito en garantía de 1 mes de renta.
• Una duración mínima obligatoria de 6 meses para contratos habitacionales.
• La limitación de los incrementos anuales a un máximo del 10%.
• La presunción legal de pago a favor del arrendatario si el arrendador no entregaba recibos de renta por 3 meses consecutivos.

2) Por el contrario, la propuesta de reforma aprobada en febrero de 2026 (la cual se identifica bajo el Expediente 20832/LXXVII ya que aún no ha sido publicado en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León) modifica los artículos 2346 y 2346 Bis para eliminar estas rigideces. Entre los cambios más destacados se encuentran:

• Flexibilidad en la actualización: Se elimina el tope del 10% y se permite que las rentas se actualicen anualmente según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o cualquier indicador que las partes pacten por escrito.
• Comprobación de pago: Se sustituye la presunción de pago por la obligación del arrendador de entregar un comprobante (simple o fiscal) a solicitud del arrendatario. Si no se entrega, el arrendatario puede acreditar el pago por cualquier medio legal, pero desaparece el beneficio automático de los 3 meses.
• Libertad de plazos y garantías: Se eliminan las restricciones sobre la duración mínima del contrato y el monto máximo del depósito en garantía, permitiendo que las partes negocien libremente estos términos.

En conclusión, mientras que el decreto de 2025 buscaba blindar al arrendatario ante abusos, la propuesta de reforma aprobada en 2026 busca equilibrar la relación contractual mediante parámetros técnicos (como el INPC) y fomentar la formalidad documental sin imponer topes fijos que, según los promotores, desincentivaban el mercado inmobiliario.