El 5 de febrero de 1917, se promulgó la Carta Magna que nos rige al día de hoy; con ella se dio origen al constitucionalismo social. Los derechos sociales en la máxima ley, no sólo establecen la organización del Estado y los derechos y sus garantías; también debe garantizar niveles básicos de satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales. 

Los principios políticos, sociales y económicos, bandera de la Revolución, se consignaron como ley suprema en la Constitución de 1917.

México destaca en el estudio de los derechos fundamentales y se colocó a la vanguardia a nivel mundial; por constitucionalizar por primera vez los derechos sociales.

La importancia de los derechos sociales

Los derechos sociales son entendidos como aquellos derechos que son plenamente exigibles ante todas las autoridades del Estado, en todos sus niveles de gobierno. Ante ello, se requiere la creación de una sólida teoría de los derechos sociales, así como de nuevos mecanismos procesales o el mejorar los existentes. 

Es decir, las leyes deben de definir de manera concreta las obligaciones del Estado en la materia, además de las prerrogativas de las y los particulares frente a los órganos públicos para poder hacer efectivas estas obligaciones.

El Estado social deber ser un estado interventor, debe configurarse como agente que interviene directamente en la vida económica-social, que tiene como finalidad la responsabilidad de la defensa y facilitar la asistencia a quienes no están en capacidad de atender sus necesidades efectivamente. Asimismo, el Estado se debe de hacer cargo de la prestación de servicios, entre los cuales se encuentran la educación y la sanidad.

Los derechos sociales fundamentales pueden resumirse como: derecho a un empleo y salario justo, derecho a la protección social en casos de necesidad, derecho a la vivienda, derecho a la tierra, derecho a la educación gratuita y de calidad, derecho a la sanidad, derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a la alimentación.

En México los derechos sociales se encuentran contenidos en los artículos 3°,  4° 27, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.