La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, enviada por el Ejecutivo Federal, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado viernes 26 de marzo de 2021; contempla la ejecución de cinco ejes fundamentales de acción a fin de combatir y lograr los objetivos previstos en su exposición de motivos. Esto ejes son:

• Almacenamiento mínimo de petrolíferos
• Negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos
• Revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos
• Contrabando de combustibles
• Suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional

Los ejes de la Ley de Hidrocarburos buscan, a criterio del ejecutivo, dotar de autosuficiencia al sector energético nacional. Revertir la desigualdad de acceso a la energía en la población mexicana. Reordenar las políticas en el sector energético nacional, fortaleciendo y devolviendo un rol preponderante a Petróleos Mexicanos y en general a las empresas productivas del estado.

Sin embargo, es claro que tales motivaciones evidentemente se traducen en un nuevo intento de la administración pública federal, por revertir los efectos de la denominada “reforma energética” y con ello, modificar “de facto” el propio texto constitucional.

Argumentos como la seguridad y soberanía energética parecieran enmascarar conductas discrecionales y arbitrarias en esta iniciativa. La inseguridad jurídica se cierne en el horizonte de las actividades de “Midstream” y “Downstream” en la industria petrolera mexicana y un deja vu de lo acaecido con la fallida reforma eléctrica pareciera materializarse ahora acá.