El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas UNICEF), es contundente al determinar que instrumentos como la “Convención sobre los Derechos del Niño”, sean presupuestos necesarios para que los niños y jóvenes puedan desarrollar todo su potencial.

En el entendido de que los niños y los jóvenes son seres humanos titulares de derechos, y no son propiedad ni de los padres, ni del estado,  ni una suerte de receptores de obras de caridad.

El pin parental, fue ideado por el grupo de extrema derecha política español denominado VOX, a fin de erigirse como un mecanismo de veto para que los padres puedan dirigir que contenidos podrían o no ser enseñados a sus hijos, de conformidad con su religión, valores y creencias.

Si bien en dicho país, no prosperó, nuestro país, a través de diputados de partidos con ideología similar a dicho conglomerado español, como Acción Nacional y Encuentro Social, lo importaron y al menos lo han logrado instaurar en entidades federativas como Aguascalientes.

La ilegalidad de este instrumento puede ser verificada, tomando en cuenta la realidad material de nuestro país y la naturaleza del instrumento propuesto en cuestión.

Primeramente, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (por sus siglas OCDE) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) México lidera las listas de embarazo infantil y abuso sexual infantil, con 366 mil nacimientos de madres de 15 a 19 años a 2019 y 4 millones de casos de abusos al año.

También, según datos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, más del 40 % de los abusos sexuales a menores ocurren por parte de familiares directos e indirectos siendo el padre biológico de las víctimas, el principal responsable. En un país donde según el Censo de Vivienda 2010 del INEGI, esos mismos padres han abandonado alrededor de 11.4 millones de hogares.

Luego, según datos de la Encuesta Nacional sobre discriminación del 2017 (ENADIS 2017), los jóvenes junto a las personas homosexuales son la población más discriminada de México. Cuestión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (CONAPRED CDMX) corroboran al señalar también que más del 50% de la comunidad LGBTTTIQ experimenta discriminación. Aunado a los datos arrojados por la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS-CdMx 2013), de la cual se desprende el porcentaje de discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ muy elevados (Gays, 89%; 84% no binarios; Travestis 81%, Lesbianas 81%; Bisexuales 78%, Transgénero 75%; Transexuales 71%; Intersexuales 69%; Jóvenes 53%; Niños 51%).

En otro orden de ideas, en cuanto a la naturaleza del Pin Parental, según se desprende del dicho de sus principales promotores, y del contenido de las iniciativas propuestas, su objetivo es facultar a los padres el veto discrecional (por encima de las directrices estatales laicas) de cualquier contenido que a su criterio no se ajuste a sus creencias y valores. Particularmente bajo los argumentos de limitar la “hiper sexualización” de los infantes, frenar un concepto que denominan “ideología de género”, refrendar el matrimonio entre hombres y mujeres como pilar único y absoluto de la familia y evitar así que se metan con sus hijos.

Con esto en la mente, a fin de evaluar la posible ilegalidad de un instrumento como el Pin Parental, valdría la pena evaluar siquiera su pertinencia.

México es un país donde los niños y las niñas son hipersexualizadas al ser abusadas por su propia familia. Es un país donde ser un infante LGBTTTIQ, es garantía de ser un blanco de discriminación, abuso físico y mental. Un país, donde el matrimonio exclusivo entre hombres y mujeres ha gestado más de 11 millones de hogares abandonados por los varones.

La pertinencia de un mecanismo que permite perpetuar la invizibilización de las violencias contra los infantes, se reviste más bien ilegal. Con un objetivo claramente adultocentrista, carente de sustento material, puede ser usado para el ocultamiento y la negación y como un claro atentado a la dignidad humana de la  niñez y juventud mexicana.