Una de las acepciones que se le da a la locución derecho ambiental, es el conjunto de normas jurídicas que encuentran como bien jurídico tutelado al ambiente, el entorno ecológico, los elementos de aquellos y los servicios ambientales que prestan sus elementos. En México la legislación ambiental tiene ya un buen camino, sin embargo, quedan tramos por recorrer.

El primer pilar normativo que debemos atender en el sistema jurídico mexicano en materia ambiental, lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4º que establece a favor de los seres humanos el derecho al medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento del derecho humano y la responsabilidad a cargo de los que generen un daño o deterioro al bien tutelado por el derecho ambiental.

Otra de las bases normativas en México cuando de derecho ambiental se trata, es la concurrencia  que implica la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, Federal, local o estatal y el municipal. De esta forma, existen aspectos de la norma ambiental cuyo cumplimiento, inspección y vigilancia se encuentran encomendadas a cada uno de los niveles de gobierno y teóricamente los límites de actuación de cada uno, se encontrarían perfectamente delimitados.

No obstante, en la realidad presenta  situaciones que evidencian la imperfección en la distribución de competencias, casos en que no se logra identificar a quien le corresponde ejercer el poder público a fin de preservar y proteger los elementos del ambiente, tales como el aire, el agua o el suelo.

Por lo cual, el rumbo hacia el que la legislación ambiental en nuestro país podría atinadamente apuntar, es el de una mejorada y precisa distribución de competencias, que resulte eficiente en casos complejos, en los que pareciera que tanto el Municipio, el Estado y la Federación tendrían que intervenir pero, ante la duda, la burocracia gana y se desatiende la protección al ambiente.