El Derecho Administrativo es la rama del derecho que estudia la organización, el funcionamiento y facultades de la Administración Pública, así como las relaciones jurídicas entre los servidores públicos y los particulares. Por lo que, el litigio administrativo representa los conflictos que se resuelven a través de procesos judiciales entre los particulares y la Administración Pública. 

Ahora bien, las licitaciones son procedimientos de contratación o selección de contratante con los que cuenta el Estado a fin de ejecutar un proyecto. Dicha selección debe tener como consecuencia la adquisición de los mejores productos o servicios. En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la licitación pública es el procedimiento común de contratación en México y, como excepción a ésta, existen los demás procedimientos que son la invitación restringida a tres participantes y la adjudicación directa. 

El requisito esencial de la licitación pública es el principio de legalidad, ya que el órgano administrativo, antes de emitir cualquier convocatoria de licitación, debe estar facultado para ello, de lo contrario, carecería de competencia y con ello la nulidad de la misma. Es común que de dicho procedimiento surja un litigio, toda vez que, ante un incumplimiento de cualquiera de las partes surge una controversia que debe resolverse en un proceso.

Las licitaciones públicas son nacionales cuando en ellas sólo pueden intervenir personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos, con cincuenta por ciento de contenido nacional. Mientras que en las licitaciones internacionales pueden intervenir personas tanto mexicanas como extranjeras y los bienes a adquirir sean mexicanos o extranjeros.

Las etapas de la licitación pública en México se resumen en las siguientes: la Convocatoria Pública, la Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, y el Fallo de Adjudicación del Contrato.

Ante cualquier incumplimiento por parte de la autoridad, se puede exigir un derecho, aunque de igual manera, la autoridad puede rescindir un contrato cuando a su consideración encuentre un incumplimiento de las obligaciones.