Remoción de funcionarios por incumplimiento de sentencias

incumplimiento de contrato

Escrito por Marcelo Sepúlveda

agosto 12, 2024

Entre las preguntas frecuentes que surgen al demandar una autoridad por el incumplimiento de pago con base en un contrato, se encuentra la siguiente: ¿qué sucede si aún ganado el juicio, la autoridad demandada se niega a pagar?

Esta pregunta no se puede responder de forma general debido a que las reglas sobre el cumplimiento de las sentencias varían en cada Estado; por lo que nos enfocaremos únicamente en el caso de Nuevo León

Conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, una vez que queda firme una sentencia en la que se condena a una autoridad a realizar un pago, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado cuenta con facultades para exigir que la autoridad cumpla con tal obligación. Así, en caso de que la autoridad incumpla con el pago ordenado en la sentencia se deberá seguir el siguiente proceso:

  1. El Tribunal impondrá a la autoridad una multa de 300 a 1,000 UMA’s por incumplir el requerimiento de pago, y se le exigirá de nueva cuenta que cumpla con la sentencia.
  2. En caso de un incumplimiento, el Tribunal impondrá a la autoridad demandada una nueva multa de 300 a 1,000 UMA’s, y se requerirá a su superior jerárquico para que le exija que cumpla con la sentencia.
     
  3. En caso de persistir el incumplimiento, el Tribunal podrá decretar la destitución o remoción del funcionario encargado de dar cumplimiento a la sentencia por desacato. 

Es por esto que en los casos en los que se presenta una demanda para reclamar el pago de un adeudo y el juicio resulta favorable, las autoridades deben cumplir con la condena o de lo contrario podrán ser cesados de su cargo, así como podrán ser procesadas por hechos delictivos. 

En Zárate Abogados contamos con especialistas en la recuperación o cobro de adeudos en contra de las autoridades gubernamentales, quienes podrán asesorarlo y brindarle claridad sobre la forma en que puede proteger su patrimonio y reducir los riesgos derivados del incumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno.

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