Refiere la Real Academia Española que un ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.
Si bien el concepto de nación Mexicana, nació con la firma de los Tratados de Córdoba en 1821, lo cierto es que la ciudadanía mexicana, materialmente no existió por un largo tiempo.
La debilidad de las instituciones en general del naciente país, los conflictos armados internacionales, las guerras civiles internas, los regímenes despóticos y dictatoriales, entre otras múltiples causas, impidieron que formalmente se gestaran condiciones para el reconocimiento material de la ciudadanía mexicana.

No sería sino hasta la época post-revolucionaría, cuando por primera vez la ciudadanía comenzaría a ser reconocida por el estado mexicano.
Sin embargo, estos cimientos se fundaron sobre premisas íntimamente relacionadas con una visión «corporativa», paternalista, populista y autoritaria. Que de inicio no reconoció derechos para mujeres y hombres por igual, y que aún hoy en nuestros días contiene vicios que impiden materialmente el acceso a muchos derechos a muchas comunidades vulnerables.
Así entonces, el estado mexicano durante mucho tiempo fue omiso en la implementación de medidas que promovieran, respetaran, protegieran y garantizaran los derechos humanos de la ciudadanía mexicana.
En los últimos años, reformas importantes al sistema judicial derivadas del actuar estatal represivo del pasado (y aún vigente), permiten dotar de más y mejores herramientas para la impartición de justicia y el reconocimiento de los derechos para todas y todos como ciudadanos del país.
Es innegable que el poco interés en la política, la corrupción, la inseguridad, la desconfianza en las instituciones y la falta de una verdadera cultura de la legalidad tanto en el estado como ciudadanía, aún tiene a la democracia mexicana en pañales.

Pero la constancia en los pequeños pasos que decidamos dar como ciudadanos exigiendo nuestros derechos, es el camino adecuado para la construcción de un mejor país.

Pero la constancia en los pequeños pasos que decidamos dar como ciudadanos exigiendo nuestros derechos, es el camino adecuado para la construcción de un mejor país.