La evolución de los colegios de abogados en México

La evolución de los colegios de abogados en México

Escrito por Priscila Vieyra

Asociada | CV priscila@zarateabogados.com

septiembre 20, 2021

Los colegios de abogados en México tienen su primer antecedente en el año de 1760. Su fundación fue inspirada en asociaciones afines existentes en otros países y bajo el propósito de elevar el nivel de la práctica jurídica

La profesión de la abogacía tuvo un crecimiento significativo en el año de 1900, cuando anterior a este año se hablaba de cientos de abogados en ejercicio de su profesión, en dicho año, se pasó a hablar de miles. Lo anterior, fue consecuencia del progreso y el empuje que se promovió en la enseñanza de las ciencias jurídicas. 

Dado el crecimiento de la profesión, los colegios de abogados de aquel entonces enfocaron sus objetivos en la vigilancia de la práctica profesional, procurando una práctica en apego a los valores regidores del derecho y en sujeción a los principios de la ética. 

Es común que abogados y abogadas se mantengan aislados en su ejercicio profesional o bien, que éstos formen sus propios grupos particulares, según su área de especialidad o sus actividades complementarías. Tales grupos particulares resultando ser privados y exclusivos, y sin posibilidad de sumar terceros. 

La relevancia de los colegios de abogados en México

Es por lo anterior, además de que nuestro país no cuenta con una colegiado institucional para ejercer la profesión del derecho, que la existencia de colegios de abogados ha tomado gran auge y relevancia en el gremio. 

Los servicios que se prestan al colegiado se han renovado a la necesidad profesional conforme al paso del tiempo, no sólo beneficiando a los afiliados, sino también a la sociedad en virtud de las acciones sociales que como colectivo se toman. 

Hoy en día estas instituciones fomentan la independencia del ejercicio de la profesión y procuran la defensa de la misma. Se espera que las tendencias para los colegios giren en torno a la incorporación de disciplinas no jurídicas que permitan a los abogados y las abogadas adquirir conocimientos administrativos y sociales de forma complementaría a sus conocimientos técnicos jurídicos, con el objetivo de fortalecer la profesión. 

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