Reconocimiento de adeudo, garantía de pago

Si eres proveedor o contratista del Gobierno, esto debes saber para proteger tu patrimonio y asegurarte de contar con una garantía de pago para tus facturas. 

De manera recurrente, el Gobierno (es decir el Estado y los Municipios) deja de pagar facturas por falta de recursos; lo que ocasiona que proveedores y contratistas se vean obligados a demandar el cobro de estas facturas en la vía judicial.

Dado que en ese caso el pago del adeudo se reclama a través de un juicio, se vuelve necesario contar con los documentos que demuestren no solo la existencia del contrato del que derivan las facturas. También se requieren los documentos de soporte para demostrar que el servicio se prestó o la obra realmente se construyó (con la calidad y especificaciones requeridas) para poder tener derecho a cobrar las facturas. 

La importancia del reconocimiento de adeudo

Por esto, se vuelve indispensable que quien presenta la demanda tenga al alcance estos documentos, pero aún más importante se debe contar contar con un documento en específico que garantiza la viabilidad del cobro: el reconocimiento del adeudo.

Para contar con la garantía de pago se debe tener el reconocimiento; este puede ser documentado a través de diferentes medios. Puede realizarse mediante un convenio, un oficio de acreditación del cumplimiento de un contrato, una orden de pago de una o varias facturas, entre otros documentos que tiene por efecto, directo o indirecto, demostrar la existencia de un adeudo derivado del cumplimiento de un contrato con el gobierno.

Sin embargo, aunque este documento es una de las pruebas más importantes en caso de acudir a juicio, se trata de un documento que, con el paso del tiempo, tanto proveedores como contratistas omiten solicitar a las autoridades; dificultando la viabilidad del cobro judicial.

En Zárate Abogados contamos con especialistas en la recuperación o cobro de adeudos en contra de las autoridades gubernamentales, quienes podrán asesorarlo y brindarle claridad sobre la forma en que puede proteger su patrimonio y reducir los riesgos derivados del incumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno.