Nueva Ley Ambiental en México: ¿Un cambio de paradigma o un reto institucional?*

Hace algunos días comenzó a circular el proyecto para una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, el cual propone la abrogación total de la ley vigente desde 1988 y su sustitución por un nuevo ordenamiento que transforma en gran medida el panorama jurídico ambiental mexicano.

Nuevos principios que cambian las reglas del juego

El proyecto introduce cinco principios nuevos (estos ya eran utilizados por los jueces de amparo): el interés superior del ambiente, la precaución (actuar ante la falta de certeza científica), el principio pro natura (en caso de duda, resolver a favor del ambiente), la máxima publicidad y el reconocimiento del uso consuetudinario de recursos genéticos.

Sanciones más altas y registro de infractores

Uno de los cambios más llamativos es el aumento drástico de multas: de un tope de 50 mil días de salario mínimo a 7.5 millones de Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, se crea el Registro de Infractores Ambientales, donde quienes realicen tala ilegal, obras sin autorización o dañen áreas naturales protegidas podrán ser inscritos por un periodo de 7 a 10 años, perdiendo la posibilidad de obtener nuevos permisos, concesiones o subsidios públicos.

Instrumentos novedosos: restauración y evaluación estratégica

El proyecto crea el Programa Nacional de Restauración Ambiental y permite que obras de restauración (reforestación, rehabilitación de suelos) queden exentas de manifestación de impacto ambiental, con solo presentar un aviso. También introduce la Evaluación Ambiental Estratégica, que agiliza grandes proyectos de infraestructura nacional al equiparar su dictamen favorable a la autorización de impacto ambiental.

Protección a defensores y justicia restaurativa

La ley ordena a las autoridades garantizar un entorno seguro para defensores de derechos humanos ambientales. También se incorporan mecanismos de conciliación y convenios de reparación del daño, permitiendo que los infractores inviertan en proyectos ambientales a cambio de reducción o conmutación de multas.

Uno de los retos: implementación y recursos

Parte del gran desafío será operativo. Los plazos para resolver evaluaciones de impacto ambiental se reducen a 45 días (plazo a todas luces insuficiente para proyectos complejos), y el transitorio 12° advierte que no habrá recursos adicionales para implementar la nueva ley. Sin capacitación masiva y presupuesto suficiente, el riesgo de colapsar a una PROFEPA que, desde hace años lleva acumulando rezago presupuestal, es real.

En conclusión, la nueva LGEEPA es una legislación robusta que impone nuevas obligaciones a los sectores público y privado. No obstante, al ser un proyecto en discusión en comisiones, aún debe ser votado en la Cámara y promulgado por el Ejecutivo, por lo que podría sufrir modificaciones. Su éxito dependerá de una inversión institucional real que acompañe la reforma; mientras tanto, las comunidades y el sector privado deben prepararse para un entorno de mayor exigencia y certidumbre procesal. Espero que este artículo les sea de utilidad.