Nueva Ley de Telecomunicaciones: Lo que se aprobó, los riesgos y la batalla final en el Congreso

Debate por la Nueva Ley de Telecomunicaciones

Escrito por Jesús Arguijo

julio 2, 2025

El 1 de julio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sentando las bases de una profunda transformación del sector. Sin embargo, el texto final aún no está escrito. La discusión ha entrado en su fase más crítica: la votación de las reservas a artículos específicos. Y aquí, es fundamental entender que no todas las reservas son iguales; pues el bloque de votación se dividió en dos frentes, la cada vez más reducida oposición y morena, sus aliados, acompañado de MC. 

El Contexto: Un Nuevo Actor, un Manual de Reglas en Discusión

Recordemos el panorama actual. Tras una reforma constitucional, el autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue suprimido y reemplazado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad dependiente del Poder Ejecutivo. La ley que se debate ahora es, en esencia, el manual de operaciones de esta nueva y poderosa agencia.

La aprobación en lo general validó la estructura del proyecto. Ahora, la votación de las reservas definirá la letra pequeña, esa que puede hacer la diferencia entre una regulación moderna y una herramienta de control.

El primer frente: Las Reservas de Fondo de la Oposición (PAN y PRI)

Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI han presentado reservas que atacan el núcleo de los puntos más controvertidos de la iniciativa. Su objetivo es modificar sustancialmente el proyecto para introducir contrapesos y proteger derechos fundamentales. Sus argumentos se centran en:

  • Frenar la Censura Administrativa: Buscan eliminar o acotar drásticamente las facultades de la nueva autoridad para suspender transmisiones de radio y televisión por causales ambiguas. Su argumento es que, tal como está, la ley viola los artículos 6 y 7 de la Constitución, que prohíben la censura y la inquisición administrativa sobre la libertad de expresión.
  • Garantizar la Privacidad con un Candado Judicial: Proponen insertar explícitamente la obligación de que cualquier acto de vigilancia o geolocalización de ciudadanos requiera, sin excepción, una orden de un juez federal. Esto busca alinear la ley con el mandato del artículo 16 constitucional, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Estas son reservas de principio. Su aprobación o rechazo determinará si la ley final contiene o no mecanismos que, según sus críticos, podrían usarse para la censura y la persecución política.

El segundo frente: Las Reservas de Ajuste (Morena y Movimiento Ciudadano)

Por otro lado, los grupos parlamentarios de Morena (y sus partidos satélites), acompañados en esta discusión legislativa por Movimiento Ciudadano, respaldaron la iniciativa en lo general y han presentado reservas de una naturaleza distinta. No buscan cambiar el fondo de la reforma, sino realizar ajustes técnicos y estratégicos al texto presentado por el Ejecutivo.

Estas reservas suelen tener como objetivo:

  • Corregir la redacción para mayor claridad o para subsanar errores técnicos.
  • Formalizar negociaciones previas, como la eliminación de artículos que resultaron demasiado polémicos en la opinión pública (el ejemplo más claro fue la supresión del artículo que permitía el bloqueo directo de plataformas digitales).
  • «Vacunar» jurídicamente la ley, añadiendo frases como «conforme a la ley» o «respetando el debido proceso» para intentar hacerla más defendible en los tribunales, aunque no se altere el mecanismo de fondo que carece de control judicial.

Estas son reservas de forma y estrategia. Su aprobación no alteraría los riesgos fundamentales de la ley, sino que puliría la versión que la mayoría legislativa busca consolidar.

Conclusión: La Votación Final Definirá los Riesgos Reales

La discusión está sobre la mesa. La aprobación en lo general del 1 de julio solo fue el primer paso. El verdadero alcance de esta ley se dará en la votación de las reservas.

El resultado de la batalla de fondo, liderada por el PAN y el PRI, nos dirá si la nueva ley contará con salvaguardas reales para la libertad de expresión y la privacidad. El destino de las reservas de ajuste, por su parte, solo afinará la herramienta que se le entregará a la nueva Agencia de Transformación Digital. La atención ciudadana debería centrarse en este debate final, pues no son mínimos los pormenores que se generaría al ciudadano mexicano de aprobarse la ley en los términos propuestos en la iniciativa por parte del ejecutivo. 

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