El marco normativo, en la historia reciente de nuestro país en busca de una auténtica igualdad de género, ha tenido avances significativos. A pesar de ello es insuficiente la legislación a favor de la mujer en México.

La igualdad de género se estableció por primera ocasión como política y objetivo del Estado Mexicano en el Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018). Así, tuvimos una política nacional de igualdad de género que se enfocó en buscar la igualdad sustancial. 

En 2014, se presentó lo que expertos y organizaciones de Derechos Humanos denominaron como “el mayor avance en materia de igualdad de género”. La reforma político electoral, elevó a rango constitucional la paridad de género, como una garantía en las candidaturas a puestos de elección popular. 

El Estado Mexicano como suscriptor, de diversos instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos; está obligado a cumplir con la instrumentación normativa de disposiciones legales que promuevan y garanticen el derecho de las mujeres a vivir sin discriminación ni violencia.

Estos son los principales esfuerzos en legislación federal a favor de la mujer: 

• Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
• Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

En contraste con los indicadores internacionales y a pesar de la legislación vigente en el país; el avance en busca de una auténtica paridad, ha sido insuficiente.

Se hacen claras las brechas entre los instrumentos legales, las políticas públicas y su efectiva implementación. El “ Índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019 – 2020” del Instituto George Town posiciona a México en el lugar 103 de 167.

La inclusión económica, social y política; las leyes formales y la discriminación de facto, ligado a factores de seguridad en la familia comunidad y sociedad; no reflejan el avance hacia objetivo de los instrumentos legales dictados vigentes en el país.