La Ley General de Vida Silvestre, publicada el 03 de julio del año 2000, es el instrumento en virtud del cual se distribuyen competencias entre los tres niveles de gobierno en materia de vida silvestre en México. Su objetivo, la configuración de una política nacional congruente que permita la conservación y el aprovechamiento sustentable de la misma.

El cuerpo normativo encuentra su fundamento en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulando de forma general aspectos de la flora y fauna silvestre. Bajo esta premisa, es que contiene las bases para la reglamentación de la actividad cinegética, así como prohíbe expresamente el uso de ejemplares de vida silvestre en los circos (por mencionar algunos aspectos relevantes).

Cabe destacar, que si bien es cierto que el artículo décimo de la ley faculta a las entidades federativas para emitir sus propias leyes en materia del cuidado y protección de la Vida Silvestre en México, la mayoría de los estados carecen de su propia legislación; ejemplo de esto, el caso de Nuevo León, que no cuenta con una normatividad a nivel local que regule adecuadamente la vida silvestre y otorgue certidumbre jurídica a los ciudadanos neoloneses con respecto a las problemáticas y exigencias
particulares en la materia.