Los contratos con gobierno tanto de obra pública como en los de servicios, es frecuente que durante la vigencia del contrato sea necesario modificar sus alcances, sea por variación en el plazo o en el objeto del contrato. Por esto surge la duda acerca de ¿cómo se deben documentar estos cambios y qué precauciones se deben tener?

Estas interrogantes son muy importantes dado que si no se cumplen los requisitos legales, tales servicios se vuelven potencialmente incobrables en el futuro. 

En primer lugar, es importante señalar que por regla general en los contratos con el gobierno los acuerdos verbales (es decir todos los que no se firmen por escrito) no tienen validez alguna.

Esto implica que si una autoridad ordena la modificación de las cláusulas o los alcances de un contrato y tal modificación no se documenta (y se firma) a través de un convenio, entonces dicha modificación no tendrá efecto legal alguno.

Lo anterior significa que si la modificación ordenada implica la prestación de servicios adicionales, realizar trabajos extraordinarios, o el aumento o reducción del plazo del contrato, entre otros, los costos asociados a dichas modificaciones no podrán cobrarse por el contratista/proveedor, salvo que se cuente con un previo convenio que los reconozca.

Convenios modificatorios y convalidación de irregularidades

Entre las precauciones a considerar en los convenios modificatorios también debemos contemplar la convalidación de irregularidades. Es frecuente, en la celebración de estos convenios, la existencia de una cláusula para ratificar el contrato original en todo su contenido; en muchas ocasiones tiene por efecto (deseado o no) convalidar el precio y plazo original contratados, haciendo inviable el cobro futuro de costos asociados a las modificaciones al objeto del contrato que aún no se reconocen por escrito. 

En Zárate Abogados contamos con especialistas en la recuperación o cobro de adeudos a las autoridades gubernamentales; quienes podrán asesorarlo y brindarle claridad para la protección de su patrimonio y reducción de los riesgos derivados del incumplimiento de contratos celebrados con el Gobierno.