Los contratos de arrendamiento son una base importante del mercado inmobiliario, pero conllevan riesgos significativos para los propietarios. Uno de los escenarios más frustrantes ocurre cuando un inquilino, además de retrasarse en la renta, deja de pagar los servicios públicos. Los arrendatarios suelen optar por centralizar la mayoría de tareas del inmueble para evitar que a los inquilinos “se les pase” realizar estas tareas, sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo con los inquilinos morosos y poco responsables. 

Es cierto que delegar las tareas como el pago de servicios al arrendatario es mucho más cómodo, pero, al estar estos servicios bajo el nombre del arrendador, es muy susceptible tener problemas con inquilinos morosos que se confían de que estos servicios no están a su nombre.

Cuando sucede esta situación de incumplimiento de pago por parte de los inquilinos, ¿es factible cortarle sus servicios?

La ley expresamente lo prohíbe: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.” del artículo 17 de la Constitución mexicana. Esta limitación de sus servicios se podría traducir a una vilación de sus derechos de vivienda y vida digna y, de acuerdo a la Constitución la autotutela está prohibida y realizarla podría llevar a problemas legales mucho más serios que un inquilino moroso. No solo puede ser un problema interno, el inquilino puede llegar a escalar esta situación a un juicio donde no solo solicite la reconexión inmediata de sus servicios, si no que también exija la reparación de daños y perjuicios.

En este tipo de casos es mejor incurrir a las instancias judiciales correspondientes para solicitar el pago de los servicios por parte del inquilino. Un juicio en materia civil para solicitar la terminación del contrato y el pago de los servicios. 

Sería recomendable agregar una cláusula aclarando que la falta de pago de uno o más recibos de servicios será motivo expreso de rescisión de contrato, lo cual facilita la argumentación ante un juez.

Aunque la tentación de cortar los servicios sea grande, es una trampa legal que debe evitarse. La ley en México protege al inquilino de las acciones unilaterales del propietario. La solución eficiente y segura es siempre la vía judicial para la rescisión del contrato.