Ayer, 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional.

Sobre ésta, hay dos aspectos a comentar:

En primer lugar, debe destacarse que se eliminó una barrera importante al Poder Ejecutivo para disponer de la fuerza pública.

Cuando antes era necesario que el Senado de la República diera un consentimiento previo, para que el Presidente pudiera disponer de la Guardia Nacional, ahora dicha aprobación será analizada con posterioridad a que se ejerza la fuerza pública.

Es decir, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la fuerza pública y el Senado solamente podrá emitir su opinión al respecto, una vez que finalicé el periodo anual. Esto no significa que el Presidente de la República no pueda ser juzgado por mal uso de la fuerza pública, pero tampoco podrá prevenirse por el Senado.

En segundo lugar, puede observarse que se implementará una Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esto significa que, cada vez que una persona sea detenida, quedará registrado en un historial de detenciones.

Este registro puede ayudar a prevenir desapariciones forzadas por parte de la autoridad.

Sin embargo, esto generará a los detenidos un historial de detenciones, lo cual puede ocasionar que sean sujetos a discriminación, pues una detención no necesariamente significa que haya estado involucrado en la comisión de un delito, por lo que se estima conveniente que dichos datos se conserven privados.

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