Concluida la ejecución de una obra pública, la etapa subsecuente es la terminación de la relación contractual a fin de extinguir los derechos y obligaciones que derivan del contrato de obra. Esta etapa inicia con la recepción de la obra y posterior conciliación del finiquito de obra.

El acta de finiquito contiene diversos apartados, entre las cuales destaca que las partes consentirán que después su firma renunciarán a su derecho de reclamar o exigir cualquier pago relacionado con el contrato de obra pública, en tanto dicho adeudo no se encuentre expresamente estipulado en el finiquito. Esto a fin de que ambas partes se obliguen a reproducir en el finiquito, todos los saldos a favor o en contra que deriven de la relación contractual, a fin de darla por terminada.

            Por lo anterior, si en el finiquito del contrato de obra pública la dependencia contratante no manifiesta que existen adeudos o saldos pendientes por cubrir con cargo al contratista, es ilegal que se le requiera a dicho contratista el reintegro de pagos en exceso posteriores a la firma del finiquito, aun y cuando el requerimiento de reintegro derive de una auditoría para la revisión de la cuenta pública.

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