Debido a la contingencia que se vive en el estado de Nuevo León, algunas autoridades gubernamentales (no sanitarias), han optado por solicitar la suspensión de la ejecución de obras públicas, impidiendo que los contratistas puedan continuar con el programa de obra pactado, y en consecuencia, ocasionándoles afectaciones de índole económica.

Frente a lo anterior, debe considerarse que conforme al artículo 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, en casos fortuitos o de fuerza mayor, cuando no pueda continuarse con los trabajos, el contratista, a su elección, podrá o no suspender la obra.

Esto implica que, atendiendo a la letra de la Ley, aun en casos fortuitos o de fuerza mayor, quien tiene el derecho de decidir si suspende o no la obra, debido a la contingencia, es en todo momento el contratista y no la autoridad. Esto, nos parece, debido a que solo el contratista, como ejecutor de la obra, tiene el conocimiento específico de la forma y términos en que la contingencia afecta o podría afectar la continuación de la obra.

Conforme esta interpretación, puede darse el caso de que aun en casos fortuitos o de fuerza mayor, el contratista puede decidir no suspender la ejecución de la obra, por así convenir a sus intereses, al estimar que dicha contingencia no obstaculiza la ejecución de la obra. Esto bajo el entendido de que el contratista asume los riesgos de no solicitar la suspensión de obra y por ende continuar con la ejecución del programa de obra convenido.

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