Ya es posible dictar prisión preventiva, de manera oficiosa, en contra de servidores públicos, desde la reforma constitucional del pasado 12 de abril de 2019.

Esto quiere decir que el Juez puede determinar prisión preventiva, sin necesidad de que se lo solicite el Ministerio Público Investigador, una vez que se tengan datos de prueba que demuestren la probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones o enriquecimiento ilícito, así como uso de programas sociales con fines electorales.

Ahora sólo es cuestión de tiempo para que los ciudadanos promuevan las denuncias correspondientes, para poder apreciar la primera resolución judicial que se asiente en relación a esta reforma.

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