Para comprender la necesidad de ejercer el derecho con perspectiva de género, es importante conocer algunos conceptos básicos. El género es la construcción de la sociedad que estructura las relaciones en función de su sexo biológico determinando su desarrollo.

Por otro lado, la perspectiva de género es un aporte del feminismo, es un pensamiento crítico para el análisis de las realidades contextualizadas, una herramienta y motivación para generar el cambio; por ello es que, la transversalización se refiere al proceso que garantiza la incorporación de la perspectiva de género.

Dicha perspectiva reconoce al derecho como una dimensión normativa, simbólica e institucional del género, además de ser un factor que construye identidades, por lo tanto, es un espacio de poder en donde es posible incidir para cuestionar, discutir y plantear alternativas para eliminar la inequidad dentro del sistema que la hegemonía masculina ha configurado. 

A partir de este enfoque, es posible encontrar sesgos androcéntricos en los derechos, los principios fundamentales o en las garantías constitucionales, así como en los mecanismos por medio de los cuales se protegen. Al identificarlos, se requiere hacer un replanteamiento, o bien un análisis desde la perspectiva de género con la intención de ser más inclusivos a las necesidades de la diversidad.

En ese sentido, esta perspectiva permite reconocer en el derecho las jerarquías sexuales y los mandatos sociales estereotipados. Además, aporta y propone al derecho una reelaboración conceptual y jurídica, críticas que impulsan el proponer nuevos temas, nuevas metodologías, con el objetivo de tomar en cuenta la experiencia, necesidad y exigencia de las mujeres frente a lo jurídico. 

La debida regulación del derecho con perspectiva de género que pueda llevarse a la práctica efectivamente genera un impacto realmente positivo. Para ello, las políticas públicas con perspectiva de género se deben crear para corregir las desigualdades sociales, económicas y políticas. 

En razón de lo antedicho, el ejercicio del derecho con perspectiva de género es ahora obligación de las y los profesionistas, siendo que su labor es asesorar, orientar y representar a sus clientes de la mejor manera, por lo que, para ello es necesario tener las bases, sin sesgos, que permitan efectivamente el ejercicio de sus derechos.