La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 es un virus de fácil propagación que genera infecciones respiratorias, el virus comenzó en Wuhan, China y se fue esparciendo alrededor del mundo hasta llegar a México. 

Derivado de lo anterior y con el fin de evitar la propagación masiva del virus en el país, nos vemos forzados a tomar medidas de prevención, lo que ha incidido en el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

Dada la contingencia y las medidas que se atienden resulta probable que alguna a de las partes se retrase o hasta se vea en imposibilidad de cumplir con alguna obligación contractual, lo que implicaría en primera instancia, asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento. No obstante, es preciso cuestionarse cuál es el alcance de este acontecimiento no atribuible a ninguna de las partes contratantes. 

De entrada, la literalidad del clausulado del contrato representa la primera forma de interpretación, por lo que en primera instancia se debe de adentrar al estudio de los términos pactados para determinar si efectivamente se encuentra previsto el suceso y las medidas provenientes de éste. Al respecto, es preciso comentar que hay contratos que contienen cláusulas que prevén circunstancias que no están en control de alguna de las partes, por lo que se puede llegar a eximir de responsabilidad. 

Ahora bien, si el contrato no contempla lo anterior, el Código Civil del Estado de Nuevo León (CCNL), determina que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando se ha dado causa o contribuido a él. Cabe mencionar, que este concepto difiere del caso de fuerza mayor, coincidiendo en que ambos corresponden a sucesos que están fuera del dominio de la voluntad de las partes.

Al respecto se ha planteado si esto resulta suficiente para justificar las posibles acciones que se vean en la necesidad de atender derivado de la situación, no obstante, se considera que el análisis de la suficiencia del caso fortuito se debe de realizar no como una instancia aislada, sino en conjunto con el negocio que pretende el contrato, los términos del mismo, las declaratorias de autoridad que resulten de carácter obligatorio aplicables y la legislación que le concierne. En consecuencia, resulta fundamental este análisis previo a tomar cualquier acción. 

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